Las memorias de responsabilidad social corporativa de las empresas del IBEX35 no responden a un proceso de rendición de cuentas para sus grupos de interés. Esta es una de las principales conclusiones de la 12ª edición del informe “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX35”, que el Observatorio de RSC presentó ayer en Madrid.
Mientras se aprecian avances moderados en transparencia sobre información de obligado cumplimiento, como en materia de gobierno corporativo, se estanca la calidad de la infor
mación en aspectos centrales de la RSC. La información sobre la actividad de las empresas en paraísos fiscales, impuestos pagados país a país, denuncias y sistemas de gestión de la corrupción, puertas giratorias, actividad de lobby, gestión de los derechos humanos en países con elevado riesgo de vulneración o denuncias en materia de libre competencia, sigue siendo escasa y en algunos casos anecdótica en las memorias de responsabilidad social de las empresas del IBEX35. Estos aspectos materiales para la mayoría de los grupos de interés son tratados, en muchos casos, de manera periférica y superficial y dista mucho de los mínimos necesarios para que el informe de RSC se convierta en un procedimiento de rendición de cuentas.
Una buena gestión de la RSC y un ejercicio de rendición de cuentas a través de la publicación de memorias pasa por que la empresa facilite información adecuada, no sólo sobre los riesgos a los que está expuesta desde una perspectiva financiera, sino de los riesgos e impactos que sus operaciones provocan en sus grupos de interés y cómo la empresa los gestiona para evitar que se produzcan. Solo 7 empresas de las analizadas (20%) reportan sobre la existencia de sistemas de evaluación y gestión de riesgos e impactos económicos, sociales y ambientales en la comunidad locales donde actúan.
Derechos Humanos
El 65% de las empresas del IBEX35 expresan compromisos con el respeto de los Derechos Humanos y un 40% cuentan con políticas específicas, sin embargo no se informa sobre la existencia de mecanismos y procedimientos que garanticen la no vulneración de los DDHH en sus operaciones. Solamente cuatro empresas presentan información sobre los riesgos sobre los DDHH a los que están expuestas y un 63% de las empresas analizadas no aportan información suficiente sobre medidas mínimas de control de proveedores en el ámbito de los DDHH. Todo ello pese a que 32 de las 35 empresas del IBEX35 están presentes en los 20 países considerados de riesgo extremo de vulneración de los Derechos Humanos. Si bien el hecho de informar no garantiza su efectiva protección, se trata de un paso previo que muy pocas empresas cumplen o, si informan, lo hacen de manera muy genérica.
En materia de corrupción, y a la vista de los acontecimientos acaecidos de manera persistente en España, se considera fundamental, desde una perspectiva de transparencia y rendición de cuentas, que las empresas informen de manera clara sobre este aspecto. Queda patente que la adhesión a iniciativas voluntarias no es suficiente si una empresa no informa sobre los sistemas de gestión implantados para hacer frente a prácticas de corrupción, si no informa de los mecanismos concretos puestos en marcha, de los responsables de supervisión y sobre información cuantitativa sobre su desempeño, quedando accesible toda esta información para sus grupos de interés. Mientras que un 74% de las empresas analizadas se compromete a luchar contra la corrupción, sin embargo en muchos casos este compromiso se limita a declaraciones genéricas en sus códigos de conducta. Solo 12 empresas de las analizadas informan sobre cómo luchan contra el blanqueo de capitales en su esfera de actividad y únicamente 8 empresas describen la política y procedimientos, así como de los mecanismos de cumplimiento dedicados a las contribuciones y los instrumentos de presión política.
Derechos de los consumidores
Los consumidores representan uno de los grupos de interés más importantes y directos para muchas de las empresas del IBEX35, pero 31 de las empresas analizadas no facilitan prácticamente información sobre multas y reclamaciones por país, y 30 de las 35 no informan sobre sistemas de reclamación y compensación a los consumidores.
A pesar de existir compromisos explícitos en los códigos éticos sobre el respeto a la libre competencia, encontramos que las empresas del IBEX35 omiten información sobre expedientes o sanciones por vulneración de las leyes referentes a la libre competencia dónde el gran perjudicado es el consumidor ya que estos comportamientos se traducen en un sobreprecio a pagar por los productos o servicios.