Por Antonio Argandoña
Espinoso tema el de la “regularización extraordinaria” que el gobierno anunció ayer, o sea, el afloramiento de cualesquiera ingresos o bienes de titularidad no justificada. El gobierno parece que invoca el principio de que la política es el arte de lo posible, que puede coincidir o no con lo deseable.
¿Es deseable? En principio, no. El que defrauda debe pagar; es injusto que algunos hayan ocultado sus ingresos y ahora puedan regularizarlos a un coste muy bajo. Bien, pero… ¿qué significa “en principio“? Pues que puede haber circunstancias que justifiquen esa acción, a pesar de ser ética, social y políticamente subóptima (aparte de la calificación que merezca, como medida económica).
El que defrauda debe pagar. De acuerdo. Pero, ¿es previsible que los servicios de la administración tributaria sean capaces de identificar a esos defraudadores, exigir el pago de los tributos correspondientes y hacerlos efectivos? Probablemente, no. Llevamos muchos años de lucha contra el fraude fiscal, y no hemos avanzado demasiado. ¿Es cuestión de medios? En parte, sí: algunos dirán que, si hay voluntad política de acabar con el fraude fiscal, se conseguirá. Pero los medios son caros, su eficacia es limitada, y genera otros problemas: el incentivo a defraudar se hace mucho mayor, y la posibilidad decorrupción del inspector crece también.
Y, además, las víctimas de esa guerra sin cuartel pueden ser desproporcionadas, porque llevaría consigo, por ejemplo, la persecución implacable del electricista que nos hace el arreglo “sin IVA” o de la pequeña empresa que disimula unos pocos ingresos. ¿Estamos dispuestos a perseguir a todos hasta el final? Probablemente, no, porque, además, laactitud de los ciudadanos es bastante contemporizadora ante el fraude fiscal. Hablé de esto hace pocos días en este mismo blog (verlo aquí) y, aunque los casos mencionados no incluían a España, está claro que un país con una economía sumergida superior al 20% no está por la labor de combatir el fraude fiscal hasta el final. Y no nos faltarán razones: hay que slavaguardar el empleo, los impuestos ya son muy altos, los Presupuestos del Estado son un robo, para eso hicimos una huelga general el 29 de marzo,… O sea, en el fondo estamos dando la razón a los defraudadores: no la tienen, es verdad, pero eso es lo que dicen.
Claro que podemos declarar la guerra sin cuartel solo al fraude “grande”, pero esto genera problemas éticos (¿por qué no todos los defraudadores?), sociales (idem), políticos (idem) y económicos (los grandes defraudadores tendrán más medios para protegerse de la persecución de la administración tributaria, de modo que la guerra puede ser muy larga y costosa).
Volvamos a la idea de que la política es el arte de lo posible. ¿Estoy proponiendo el abandono de los principios? No, claro. Estoy poniendo sobre la mesa un segundo principio:todos los que tienen recursos deben tributar, de acuerdo con la cuantía y rendimiento de esos recursos. Y mientras ese dinero esté fuera de la lupa de la administración tributaria, ese principio no se cumplirá, lo que significa que los que pagan ahora deberán seguir pagando en el futuro, y pagar más, porque hay que reducir el déficit.
Para los acostumbrados a una ética de deberes, el choque de principios tiene difícil solución. Me parece que hay que acudir a la prudencia del gobernante. ¿Qué es mejor, ahora: no castigar la injusticia del defraudador, o facilitar su incorporación a la legalidad y hacerle pagar en el futuro? No lo sé, porque no tengo todos los datos para juzgar el problema (no soy partidario de la ética de la tercera persona, esa que intenta valorar los problemas desde el punto de vista un un observador externo, porque este no tendrá nunca toda la información, por la misma razón que Hayek decía que el planificador central nunca tendrá toda la información que tienen dispersos los miles de decisores en un mercado, para tomar la decisión correcta). Pero, por lo menos, esta es una manera de salirnos del debate político y mediático, que ya se ha desatado en nuestro país, donde lo importante es atacar, criticar, censurar o defender, no entender.
La clave está, como acabo de decir, en la posibilidad de que esos fondos ocultos se afloren y tributen en el futuro. Para ello, la medida ha de ser generosa: el defraudador debe estar muy motivado a sacar su dinero a la luz. O sea, la medida ha de ser claramente injusta, según el primer principio discutido antes, si queremos que sea eficaz, según el segundo principio. Y debe ir acompañada de una lucha seria contra el fraude futuro (pero, ¿será creíble?).
Bajando ahora a la situación actual, me temo que la medida no vaya a ser muy eficaz, si los defraudadores no ocultaron su dinero solo para evitar los impuestos de estos tres o cuatro últimos años, sino como una manera ordinaria de hacer negocios (la economía sumergida, por ejemplo), o por otros temores: ¿cómo evolucionarán los impuestos en el futuro? ¿Tendremos que pagar más a partir de ahora? ¿Suspenderá pagos España? ¿Cómo acabará el euro? Bueno, por si acaso, me llevaré el dinero a las Islas Caimán, y lo tendré allí hasta que todo esto pase. En este caso, la amnistía fiscal no será un incentivo suficiente para hacer aflorar esos fondos. Lo que quiere decir que habrá que esperar al final (?) de la larga crisis actual, a la futura reforma fiscal y a la clarificación del futuro de Europa. O sea, seguiremos hablando del dinero oculto durante muchos años.