26 de abril de 2017 – El fraude financiero aumentó más de un 16% en 2016 en relación al ejercicio anterior, mientras que el fraude empresarial creció un 6,1% según el estudio anual de fraude corporativo elaborado por Winterman, consultora especializada en sistemas de prevención y detección del fraude empresarial. Un indicio de que las cosas no mejoran.
Los responsables del estudio achacan este incremento a la crisis económica, la falta de control interno ante la baja percepción del riesgo y la poca contundencia de las víctimas a la hora de denunciar.
Casos como los de Bankia, Pescanova o Gowex, en los últimos años, o el más reciente de algunos miembros de OHL, ponen en evidencia que la corrupción puede llegar hasta lo más alto de una organización por más que cotice en Bolsa y esté supervisada por organismos reguladores.
Con necesidad de combatir los fraudes en las empresas durante el siglo pasado surgió en EEUU la figura del compliance. Una serie de normas reguladas por ley no solo para fijar la responsabilidad penal de la empresa y la prevención de posibles delitos –ya sean de directivos, trabajadores o empresas colaboradoras–, sino con el fin de promover una verdadera cultura ética corporativa.
Todas las grandes empresas del Ibex 35 ya disponen de un departamento de cumplimiento regulatorio, pero en general en las pequeñas empresas existe la creencia de que esto no les afecta. Bien porque creen estar a salvo de fraude o bien porque consideran que se trata de un gasto innecesario.
Un grave error que puede acarrear grandes consecuencias. De hecho, no disponer de compliance, regulado en España por la Ley Orgánica Número 5/2010 y obligatorio para todas las sociedades desde 2015, puede llevar incluso al cierre de la sociedad y la cárcel para su administrador.
Después de años de cierta impunidad, los cambios legales actuales hacen recaer sobre las empresas la responsabilidad en que han incurrido sus directivos o empleados o incluso subcontratas, a no ser que puedan demostrar la puesta en marcha de los medios necesarios para evitar esas conductas inadecuadas.
El compliance nace así con el fin de generar un modelo de gestión y control que debe contener una descripción de los elementos clave, tanto humanos como organizativos y documentales de la empresa para evitar infracciones de la ley. El objetivo principal es velar por la aplicación efectiva de las medidas de prevención y control previstas desde todos los niveles de la empresa de modo que el sistema de autoregulación elimine los comportamientos que puedan poner en riesgo la reputación y los activos de la empresa.
Las grandes corporaciones asumen sin problemas el elevado gasto que supone la implementación de la nueva normativa. Para sociedades pequeñas y medianas, el coste puede suponer un importante recorte de beneficios. En este sentido, Francisco Maroto, socio del MRB, catalogado entre los cinco mejores despachos en derecho penal y mercantil, señala que “en el mercado hay herramientas informáticas para gestionar el compliance de forma muy sencilla y con un notable abaratamiento de costes”.
Un ejemplo es Legal Corporate Compliance. Una plataforma que permite o bien crear el compliance desde cero o bien integrar la gestión de uno existente. Un salvavidas para la compañía y sus directivos a la hora de delimitar responsabilidades si en algún momento se enfrentan a casos de corrupción.
Las ventajas del compliance son múltiples. No solo sirve para evaluar los riesgos que amenazan a la empresa y si se ha hecho correctamente y se han aplicado las medidas correspondientes sino que también ayuda, a la organización y a sus miembros a delimitar la responsabilidad en caso de posible delito. Al enlazar con la Responsabilidad Social Corporativa representa también un plus de confianza para el conjunto del mercado. Finalmente, el esfuerzo realizado en cumplimiento regulatorio supone un ahorro en sanciones y en los costes de imagen por malas prácticas. Algo que están aprendiendo a sangre y fuego en OHL.
Publicado en capitalmadrid.com