Por Agustín Domingo
Esta semana en clase nos detuvimos en Montesquieu, un diplomático y filósofo del siglo XVIII autor de dos libros importantes: las Cartas Persas yEl espíritu de las Leyes. Mientras la primera es una sátira donde se describe la correspondencia imaginaria de un visitante persa que recorre el Paris de los primeros años del siglo XVIII, la segunda es un ensayo sobre la adecuación entre las leyes de los pueblos y sus características geográficas, sociales y culturales. Al final del libro primero, cuando realiza las primeras distinciones entre Derecho Político y Derecho Civil deja muy claro que no quiere escribir un manual sobre las leyes sino sobre elespíritu de las leyes.
Que nadie piense que se trataba de una reivindicación del espiritualismo porque al poco tiempo de publicarse pasó a formar parte del Índice de libros prohibidos. Aunque esto le ocasionara numerosos problemas no impidió la difusión de un libro clave en la historia del liberalismo. Al referirse al espíritu marcaba distancias frente a otros filósofos que se fijaban en la letra. Una distinción básica que está en las primeras lecciones de cualquier hermenéutica donde se nos recuerda la necesidad de aplicar las normas teniendo en cuenta tanto el espíritu como la letra. Esta incidencia en el espíritu frente a la letra de las normas se completa con una idea política antigua que lo convirtió en uno de los padres del constitucionalismo: un sistema político no puede basarse en el miedo de los ciudadanos a las leyes sino en la confianza.
Quien considere que estos planteamientos no tienen actualidad no tiene más que analizar la relación que las administraciones mantienen con los administrados. Aunque la cosa ha cambiado algo, seguimos encontrando comportamientos absolutamente kafkianos. En nuestras normas administrativas no sólo falta este espíritu al que se refería Montesquieu sino sentido común y prudencia. Dos casos de manual hemos vivido esta semana: uno el del cónsul español en Boston que cierra la oficina sin pensar el servicio que podía prestar tras el atentado de la maratón. Otro el del ciudadano al que el estado le reclama un céntimo sin calcular el precio del certificado con acuse de recibo y el valor del tiempo invertido en las correspondientes colas de la agencia tributaria. Otro día contaré el complejo procedimiento administrativo para tapar un agujero, poner una escarpia y colgar un cuadro.” Podéis ver el artículo completo en Las provincias, 19 de Abril de 2013.