Por Domènec Melé
En el desgraciado accidente del derrumbamiento del edificio que albergaba varios talleres textiles en Bangladesh, el pasado mes de abril, finalmente se contabilizaron 1.129 muertos. Las protestas internacionales surgieron inmediatamente. Había indignación por las condiciones de trabajo de los obreros de aquel país. El pasado mes de junio, el gobierno de Obama suspendió los privilegios comerciales de Bangladesh, haciendo referencia a sus deficientes normas laborales. Ahora se ha informado que sindicatos y organizaciones no gubernamentales han firmado un acuerdo de seguridad con los grandes minoristas y marcas de moda para los que trabajan la mayoría de talleres textiles de Bangladesh.
El acuerdo prevé una inspección exhaustiva en los próximos nueve meses, con el fin de “identificar riesgos graves y necesidad de reparaciones urgentes.” A la vista de los resultados e pedirá a los propietarios que cesen sus operaciones. El acuerdo incluye arbitrajes ejecutables en un tribunal de justicia pero no contiene disposiciones que establezcan sanciones. “Este histórico acuerdo, jurídicamente vinculante, llevará efectuar cambios tangibles y ayudará a hacer segura y sostenible la industria de la confección de Bangladesh”, dijo uno de los firmantes.
La historia se repite: primero es la tragedia, después viene las nomas legales y algunas medidas para que no se repita. Es un fenómeno que se da no sólo en accidentes laborales, sino también en fraudes y escándalos financieros. Podemos recordar la legislación y medidas de control en tráfico de información privilegiada después de notorios escándalos en Wall Street en la década de los años 1980. La ley norteamericana conocida como Sarbanes–Oxley Act (2002) regulando más estrictamente la contabilidad corporativa y la auditoria, apenas un años después del escándalo de Enron y otras empresas.
Más recientemente, en nuestro país, hemos visto normas gubernamentales motivadas por abusos de algunos ejecutivos de cajas de ahorro, en la práctica con hipotecas y en el tratamiento de acciones preferentes. No me extrañaría ver cambios normativos a raíz la polémica salida a bolsa de Bankia. La pregunta es: ¿No es preferible prevenir más que ir a remolque de los acontecimientos? Ya sé que no siempre es fácil, pero una actitud ética ayuda más ver posibles daños a personas que una actitud economicista.
Mejor es evitar incendios y tener que lamentarlos. Si en la empresa se buscar ser pro-activo, adelantándose a los acontecimientos del mercado o a iniciativas de la competencia, buscando creatividad e innovación, ¿por qué no adelantarse con una reflexión ética, y actuar antes de que ocurran desastres o sea exigido por la ley? Sugiero introducir el concepto de prevención ética y, sobre todo aplicarlo.