“Este año, la habitual comparecencia del presidente de la Federación Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) no ha tenido como finalidad presentar los premios al reconocimiento empresarial que anualmente otorgaban. La primera idea que Vicente Lafuente transmitió a los medios fue clara: “este año no habrá premios, en la actual coyuntura suponen un gasto y un boato que no nos podemos permitir”. Pero ahí no quedó la cosa, se empleó a fondo para denunciar el abandono que sufren por parte de las administraciones públicas y para criticar a sus responsables porque “nos están llevando a la deriva”.
Utilizó una metáfora muy gráfica al comparar la situación de la comunidad y el país con la de un navío a la deriva, donde el lastre que se ha soltado no es suficiente, donde los motores se han apagado, donde quizá los timoneles parecen incapaces de dirigir la nave. Lamentó que las administraciones públicas se hayan convertido en simples gestores de cobros. Cabe pensar que incluso esto lo están haciendo mal porque en lugar de promover iniciativas innovadoras (relacionadas con el crédito, la mediación, arbitraje y negociación) promueven nuevas tasas, nuevos impuestos y nuevos procedimientos recaudatorios.
Como casi todas las asociaciones profesionales y colectivos valencianos, denunció los impagos y la situación kafkiana de unas administraciones hipócritas, incoherentes y caóticas donde, sin haber recibido las ayudas y subvenciones se exige certificación de pagos para estar al día en la Seguridad social o el abono correspondiente del IVA. No sólo se siguen manteniendo los abusivos recargos sino que no se facilita el aplazamiento ni la negociación. Quienes desde las diferentes administraciones están aplicando la legislación están poniendo “palos en las ruedas” de las empresas y promueven decretos, leyes y normas sin consenso con los propios afectados.
Para mantener la poca actividad y el poco empleo que aún queda sería necesaria una normativa que permitiera compensar las deudas que las empresas tienen con las administraciones. Además de gestionar la miseria, nuestra clase política, judicial y administrativa debería impedir el cierre de las pocas pequeñas y medianas empresas que aún quedan. De nada vale poner en marcha planes de competitividad, programas de formación o iniciativas para el desarrollo empresarial si el poco dinero disponible no llega a los autónomos y empresas. Si no naufragamos, algún día descubriremos que hacer política es mucho más que limitarse a gestionar cobros o administrar miserias.” Podéis ver el artículo completo en Las Provincias, 9 de Noviembre de 2012.