Por Rafael Cejudo
Vivimos momentos extraordinarios en los que gobernantes, empresas y ciudadanos nos vemos obligados a tomar decisiones con la máxima rapidez. A nadie conviene una ética de urgencias, pero todos necesitamos con urgencia la ética. También las empresas.
Como sabemos, en situaciones de emergencia el principio bioético de autonomía cede frente al de beneficencia y el de no maleficencia. Análogamente, las sociedades han tenido que anteponer la salud pública a la autonomía individual y organizacional. Nunca, en tiempos recientes, la libertad de empresa se había limitado tanto. En esta situación, y en un futuro cercano tras la fase más virulenta de la epidemia, ¿cuál es la responsabilidad de las empresas en tiempos del COVID 19?
Las empresas están, ya, en el ojo del huracán, y seguirán estándolo ante la más que probable crisis económica. Las exigencias de la sociedad, especialmente de trabajadores asalariados y de consumidores, son grandes e intensas, igual que las de las autoridades. Y ante ello no queda más remedio que atender, con la máxima eficacia y equidad, las responsabilidades hacia todos los stakeholders: obligaciones respecto de la clientela, tratando de garantizar el suministro y la calidad; respecto de los proveedores, intentando mantener los contratos; respecto de los trabajadores y trabajadoras, evitando ERTEs y despidos innecesarios; etc. Hemos visto ya ejemplos loables de filantropía, tanto individual como corporativa, que en algunos casos ascienden a millones de euros. Creo que, además de estas acciones “clásicas” de la RSE, las empresas pueden desempeñar un papel importante en el control de la epidemia.
Por ahora, y porque no había más remedio, las medidas de confinamiento y paralización de la actividad económica han sido generalizadas. En el futuro cercano, tenemos que encontrar formas más selectivas de prevenir los contagios, tanto detectando los casos asintomáticos como aislando con rapidez a las personas recién infectadas y a sus círculos de contacto. Parece que en otros lugares como Corea del Sur o Singapur, tales estrategias han dado fruto. Las empresas son un entorno social en el que mantenemos distancias físicas reducidas ideales para el contagio. Por eso las que siguen funcionando están adaptándose a marchas forzadas al teletrabajo, manteniendo a su plantilla en la modalidad presencial cuando es inevitable, y relevando en todo caso a los trabajadores que dan síntomas, conviven con contagiados, o tienen problemas de salud que les hacen más vulnerables. Pero quizás haga falta un “triaje empresarial” más refinado que permita, por ejemplo, cambiar de puesto o relevar temporalmente a aquellos trabajadores que convivan con colectivos de riesgo (estoy pensando en sanitarios, desgraciadamente el grupo más expuesto al contagio). Esta clase de medidas requeriría que la empresa accediera a información personal de sus trabajadores, mientras que las leyes de protección de datos son muy restrictivas al respecto. Cómo sortear problemas de tal tipo exigirá nuevos retos tanto a la RSE como a la responsabilidad social de los ciudadanos. En suma, las empresas tienen una importante misión como ciudadanos corporativos capaces de contribuir a un bien público fundamental: una sociedad libre del COVID-19.
Seguro que en el XVIIII Congreso EBEN España, que se celebrará en Córdoba el año próximo, podremos abordar este tipo de cuestiones.