30 de marco de 2015 – La Fundación Fernando Pombo y el Instituto de Consejeros-Administradores participaron en la presentación del nuevo proyecto del Pacto Mundial de Naciones Unidas para que el sector privado contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho. El acto fue posible gracias al impulso y apoyo de la editorial LexisNexis, creador del proyecto.
El proyecto se llama Business for the Rule of Law (B4ROL) y orientará a las empresas sobre cómo contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, compartiendo buenas prácticas empresariales e impulsando la ética y la implementación de acciones de responsabilidad social empresarial bajo este prisma. La iniciativa promueve un modelo ético de gobernabilidad en el que las empresas se comprometan con el impulso y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Joaquín García-Romanillos, presidente de la Fundación Fernando Pombo, declaró en el acto que “el proyecto pretende afianzar un entorno de seguridad jurídica elemental en todo el mundo, que permita la relación entre personas, entre empresas, y entre estados a partir de la certeza en la generación y aplicación del Derecho”.
“Para la Fundación Fernando Pombo el proyecto Business for the Rule of Law es una forma más de alcanzar nuestros principios fundacionales; nuestro compromiso con la justicia y con los derechos fundamentales, nuestra misión en relación con la responsabilidad social de la abogacía”, añadió.
Jesús María Caínzos, presidente del Instituto de Consejeros-Administradores, IC-A, hizo hincapié en que desde la Asociación española de Consejeros “es de importancia capital la ética empresarial como base para poder desarrollar prácticas de gobierno corporativo y contempla la ética empresarial y el buen gobierno como conceptos complementarios. Es por ello que el IC-A, como impulsor de códigos de ética y buen gobierno, ya en 2007, lanzó el “Código de ética para empresas” que fue presentado en Bruselas por el Financial Times y hace especial énfasis sobre la ética en su programa de desarrollo profesional y formación de consejeros. De hecho, para poder obtener el Diploma IC-A para consejeros profesionales es imprescindible adherirse y firmar el seguimiento de un código deontológico de conducta IC-A como Consejero profesional”.
Angel Pes, presidente de la Red Española del Pacto Mundial destacó en su intervención que “El estado de derecho es el marco ideal para las empresas que gestionan para el largo plazo”.
Esta iniciativa fue creada por LexisNexis y ahora impulsada por el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para comprometer al mundo empresarial en el fortalecimiento del Estado de derecho. Se encuentra inmersa en la nueva agenda de desarrollo Post 2015 y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para Pes, “el sector privado tiene un papel fundamental en la nueva agenda de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, uno de cuyos objetivos es la extensión del estado de derecho”.
El proyecto profundiza tanto en lo que hay que hacer en un sentido moral, como en lo que económicamente se tiene que hacer para beneficiar al negocio, pues fomentar el respeto al Rule of Law en las acciones comerciales de las empresas con terceros es positivo para los países y para las empresas.
Empresas y Estado de derecho
1. Respetar los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y apoyar los objetivos y propósitos más amplios de Naciones Unidas.
2. Respetar y apoyar la responsabilidad de todas las personas, instituciones y entidades, públicas o privadas, respecto al cumplimiento de las leyes promulgadas públicamente y que son acordes con las normas y estándares internacionales. En concreto:
- Respetar la igualdad de todos ante la Ley;
- Respetar la responsabilidad de todos ante la Ley;
- Apoyar la protección igualitaria de todos ante la Ley; y
- Fomentar participación en la elaboración de las leyes.
3. Apoyar y fomentar la aplicación igual/equitativa de la Ley, y la ejecución independiente de la Ley, en consonancia con las normas y estándares internacionales. En concreto:
- Apoyar la equidad en la aplicación de la ley;
- Respetar la independencia judicial;
- Apoyar la transparencia procesal y legal; y
- No participar en sobornos o apoyar la corrupción.
4. Apoyar las iniciativas que garantizan el acceso a la Justicia. En concreto:
- Apoyar iniciativas para fortalecer el acceso a los servicios jurídicos de asistencia, como los abogados de oficio o las clínicas jurídicas;
- Apoyar un mejor acceso a la información; y
- Apoyar los esfuerzos para aumentar la comprensión de la ley y su aplicación.
5. Respetar las obligaciones contractuales y los derechos de propiedad aplicables en las relaciones privadas. En concreto:
- Apoyar el desarrollo de un marco jurídico sólido con derechos de propiedad y obligaciones contractuales claras;
- Respetar el Derecho contractual y el Derecho de propiedad, tanto en su aspecto real como intelectual, en todas las relaciones comerciales y de negocios
- Utilizar los procedimientos de mutuo acuerdo para la solución de controversias, y respetar cualquier resultado final, siempre y cuando surjan disputas relacionadas con el Derecho de contratos y de propiedad.
6. Defender y propugnar el respeto de las empresas al Estado de derecho en sus relaciones comerciales y compartir sus experiencias en esta área.